Tras París, Madrid, Copenhague y Roma, la quinta cumbre de Plan B tendrá lugar el 21 y 22 de octubre de 2017 en Lisboa, reivindicando la restitución de la democracia para los pueblos de Europa y estableciendo la cooperación democrática y la solidaridad como verdaderas alternativas al creciente déficit democrático y social impuesto por el Tratado de Lisboa hace 10 años.

 

El Tratado de Lisboa, junto al Acta Única Europea, el Acta de Mercado Único y todas las principales directivas que lo implementan (por ejemplo, la relativa al desplazamiento de trabajadores o la Directiva Bolkestein), son pilares de la contradicción generada entre la integración europea neoliberal y la capacidad de las democracias europeas para garantizar el completo disfrute de los derechos civiles, políticos y sociales a las personas. El Tratado de Lisboa impuso exactamente el mismo proyecto de concentración de poderes y debilitamiento democrático que fue rechazado por el “NO” de franceses y holandeses en el referéndum de 2005.

 

En 2015, el histórico resultado de otro referéndum fue bruscamente revocado, violando directamente un mandato popular y soberano: el heróico “NO” apoyado por el 61.3% de la población griega el 5 de julio, a la austeridad y a las medidas antidemocráticas impuestas por las instituciones de la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional. Un golpe contra ese “NO” griego fue llevado a cabo por la Comisión Europea y el Banco Central Europeo, haciendo uso del estrangulamiento financiero y negando liquidez como forma de extorsión. Desde entonces, la UE, el FMI y el Gobierno griego han continuado imponiendo al pueblo griego exactamente las mismas medidas que fueron rechazadas en el referéndum y han continuado sometiendo al país y a su población a una deuda declarada ilegal, ilegítima, detestable e insostenible por el Comité Parlamentario de Verdad sobre la Deuda Pública. Este golpe contra el pueblo griego es un golpe contra la democracia en Europa, ante el que estamos obligados a reaccionar, resistir y responder con un sólido plan político. Y en efecto, tras este golpe la iniciativa del Plan B fue lanzada para defender a los pueblos europeos, reestablecer la democracia en Europa y asegurar prosperidad e igualdad a las sociedades europeas.

 

Las reglas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y ahora del Pacto Fiscal Europeo son una de las principales causas de desigualdad y desastre económico, ya que deniegan a las democracias la capacidad financiera para implementar políticas sociales y de desarrollo claves. Dentro y fuera de la eurozona, austeridad y mercantilismo basados en la devaluación de los costes laborales profundizan la fractura social y la desigualdad en Europa. Alimentado por esta destrucción social, se alza otro enemigo de la democracia: las fuerzas ultranacionalistas, racistas y xenófobas.

 

Ante esta desintegración política y social, los viejos partidos socialdemócratas y conservadores insisten en la fórmula de más integración antidemocrática, más austeridad y mayor control sobre los presupuestos nacionales, y más ataques a las políticas laborales y sociales, creando condiciones inviables para presentes y futuras generaciones y privando a la juventud de perspectiva alguna de vivir con libertad, dignidad y prosperidad.

 

El CETA y otros tratados de libre comercio similares, apoyados por partidos conservadores y socialdemócratas, son el caballo de Troya que transportan el virus por el que las democracias se subordinan al poder de las corporaciones y los fondos de inversión.

 

Los fallos de los tratados de la UE y sus instituciones no son los fallos de Europa y sus pueblos. Las democracias europeas necesitan una alianza de fuerzas progresistas, democráticas y populares, sindicatos y movimientos sociales, que luche por la ruptura con los tratados de la UE y por construir una cooperación nueva que sirva a los intereses de nuestros pueblos y proteja la democracia y los derechos civiles, políticos, sociales, económicos y medioambientales. Una cooperación que promueva la paz internacional a través del rechazo a la industria de armamento y militar, de la solidaridad con inmigrantes y refugiados, y de la lucha por un desarrollo internacional rico en valores democráticos, sociales y medioambientales.

 

La cumbre de Plan B en Lisboa es una oportunidad para profundizar más en las vías alternativas desarrolladas en las cumbres de París, Madrid, Copenhague y Roma. El punto de partida de nuestro análisis son los actuales tratados europeos que estrangulan nuestras democracias, sociedades y economías. Queremos iniciar y apoyar movimientos de desobediencia civil y ganar mayorías en cada país para asegurar un nuevo marco europeo que permita: implementar políticas de desarrollo social rupturistas con el poder del BCE; los préstamos directos a los estados; la redistribución de inversión pública; y la reestructuración de deudas públicas para eliminar aquellas ilegítimas, ilegales, detestables e insostenibles.

 

Si su plan A falla, dada la predecible hostilidad de la instituciones de la UE, el resultado no será capitular ante Bruselas. En ese caso, el país o países podrán abrir sus puertas a un plan B que hará posible otras formas de cooperación internacional, restaurando la soberanía e instalando nuevos mecanismos para las decisiones monetarias y económicas de los pueblos.

 

Las grandes movilizaciones antiausteridad y las luchas sociales que movilizan a ciudadanos en toda Europa y más allá, son una fuerza clave en nuestra causa común por la democracia y la justicia social y medioambiental. La desobediencia civil a las imposiciones de austeridad permanente, es parte del camino hacia una gran movilización social y resistencia democrática.

 

Los partidos políticos progresistas, sindicatos, feministas, ecologistas, defensores de los derechos humanos, movimientos sociales y activistas reunidos en el foro del Plan B estamos unidos: entre salvar a la Unión Europea y al Euro o salvar a nuestras gentes de la opresión de la austeridad, siempre elegiremos los derechos sociales y democráticos de nuestras gentes.